• Miquel Molina

Sexo de pago en la ciudad (La Vanguardia)

Ni todas las personas que defienden la regulación de la prostitución son neoliberales ni todas las que abogan por su abolición actúan movidas por prejuicios morales. Al contrario. Son mayoría quienes desde un lado u otro del debate proponen soluciones al problema que están basadas en principios progresistas. Pero la consecuencia de esa división de opiniones es que sigue sin avanzarse en la política que podría estar más en consonancia con los principios de una sociedad igualitaria: la persecución sistemática del cliente para ir acotando una práctica que perpetúa la idea de que el hombre, por el mero hecho de serlo, tiene un derecho adquirido a disponer del cuerpo de la mujer.


Ninguna de las dos formaciones que hoy se disputan la alcaldía de la ciudad, la ERC de Ernest Maragall y la BComú de Ada Colau, es partidaria de abolir la prostitución. Ni tampoco se han mostrado a favor de exprimir al máximo las ordenanzas municipales para dificultar esta práctica en Barcelona. Eso no quiere decir que ambos partidos defiendan en bloque la regularización de la actividad. Simplemente, a la vista de sus trayectorias y de sus programas electorales, podemos tener la certeza de que gobierne quien gobierne la ciudad, no cabe esperar políticas pro abolición.


Curiosamente, los dos grupos municipales en los que pueden apoyarse para gobernar (el PSC, por un lado, y JxCat, por otro) si tendrán portavoces abiertamente abolicionistas, Jaume Collboni y Elsa Artadi. De fructificar un acuerdo de gobierno entre comunes y socialistas, lo más probable es que estos insistan en activar políticas que combatan la prostitución mediante la imposición de multas a los clientes.


De hecho, la ordenanza actual ya permite penalizar a la clientela, pero este es un recurso que apenas se ha utilizado durante el anterior mandato. Sí se ha trabajado activamente desde el gobierno de Ada Colau en la línea de insertar a las mujeres prostituidas en el mercado laboral.

Una mujer que fue víctima de trata, en Barcelona / Foto de Àlex Garcia para La Vanguardia

El riesgo de no aplicar políticas proabolición es permitir que en ciudades como Barcelona siga ganando terreno una industria que trasciende el mercado de consumidores locales y que se alimenta del efecto llamada. Frente a las ciudades hostiles con la prostitución, como por ejemplo las francesas, Barcelona emerge como un destino amable: la oferta es ingente, variada, muy accesible y ningún cliente debe temer que lo detengan por el mero hecho de contratar un rato de sexo.


En este contexto, aprobar normas que tiendan a presentar la prostitución como una actividad voluntaria y dentro de la ley contribuiría a activar ese efecto llamada: si las autoridades de una ciudad dan muestras de ser tolerantes con la compra-venta de sexo, el cliente siempre tenderá a creer que la mujer cuyo cuerpo ha alquilado se prostituye porque quiere y tiene los papeles en regla (alguien se habrá encargado antes de comprobarlo), aunque salte a la vista que es una esclava. El autoengaño es la mejor coartada cuando se da vía libre a los instintos.

Tomar decisiones políticas con la premisa de que no todas las mujeres son víctimas de mafias y que hay algunas (una minoría) que se prostituyen voluntariamente puede perjudicar, por lo tanto, a las primeras.


Lo afirma Rosa Cobo en su ensayo La prostitución en el corazón del capitalismo (Catarata, 2017), cuando advierte que “entre trata y prostitución no existe una frontera inequívoca, y la razón principal es que sin prostitución no existiría la trata”. En su opinión, “ambos fenómenos sociales se necesitan y se alimentan mutuamente, de tal modo que la oferta ensancha la demanda y esta, a su vez, condiciona y estimula la oferta”.

Barcelona no puede seguir obviando este debate con el argumento de que los municipios no disponen de competencias para actuar contra la prostitución. Porque ponérselo difícil al cliente siempre servirá para reducir la demanda, con todo lo que ello implica.


Acercar las posturas

La división entre abolicionistas de la prostitución, por un lado, y regulacionistas, por otro, se ha acentuado en los últimos tiempos hasta el punto de amenazar con romper la unidad de acción del feminismo. Se pudo comprobar durante la compleja elaboración del manifiesto feminista del último 8-M en Catalunya. La necesidad de buscar puntos de encuentro entre ambas posturas deberían tenerla muy presente los organizadores y organizadoras de debates y jornadas sobre la prostitución.


La abolición de la esclavitud

Desde el inicio del abolicionismo en los albores del XVIII hasta el fin de la esclavitud transcurrieron casi dos siglos. Por supuesto, cada vez que un país prohibía este comercio había otros que se quedaban con su mercado. Pero al final, aunque perviven formas clandestinas de esclavitud, se acabó con la lacra. Es cierto que cuando un país prohíbe la prostitución (Suecia), exporta la actividad a otros lugares. Pero para combatir a nivel global esta explotación de mujeres pobres hay que empezar a actuar sobre la demanda. País a país.


Un aliciente más de la noche

Un riesgo de impulsar medidas reguladoras de la prostitución es normalizar esta práctica y convertirla en una variante más del ocio. Aunque se plantean con el fin de proteger a la mujer que se prostituye o es prostituida, las políticas que dan cobertura legal a la compra-venta de sexo pueden causar el efecto perverso de blanquear esta práctica. Insistimos en un concepto apuntado antes: el cliente siempre querrá creer que la mujer a la que acaba de contratar está con él porque quiere. Aunque en su fuero íntimo sospeche lo contrario.

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